La European Accessibility Act (EAA) obliga a las empresas a cumplir unos requisitos de accesibilidad específicos desde el 28 de junio de 2025, pero no fija una multa única. Cada Estado miembro decide su castigo, y por eso las multas de la EAA por país cambian de un mercado a otro.
Si vendes o prestas servicios en más de un país europeo, te conviene saber a qué te expones y cómo reducir el riesgo con soluciones de accesibilidad web.
La EAA no fija las multas: las decide cada país
La EAA no establece importes de multa. La Directiva (UE) 2019/882 exige que las sanciones sean «eficaces, proporcionadas y disuasorias», pero delega en cada país la cuantía, la autoridad y el procedimiento. El resultado son 27 marcos distintos para una misma obligación.
Una empresa presente en cinco países puede afrontar cinco regímenes por el mismo fallo.
Para entender las multas EAA Europa hay que mirar cada transposición nacional, no solo la directiva, como detallamos en la normativa de accesibilidad web en Europa.
Un mandato común, 27 regímenes distintos
El estándar técnico sí es común: la norma EN 301 549, que hoy remite a las WCAG 2.1 AA y pasará a las WCAG 2.2 AA con la versión 4.1.1, prevista para 2026. Lo que cambia por país es el castigo.
- La autoridad que sanciona: nacional, sectorial o autonómica.
- La cuantía máxima de la multa, fija o ligada a la facturación.
- Los plazos de subsanación antes de que llegue la sanción.
- Las medidas añadidas: retirada del servicio, auditoría obligatoria o publicación del incumplidor.
Comparativa de multas por país
No hay dos regímenes iguales. Estas son las multas de la EAA por país en los mercados clave, con la autoridad y la cuantía de referencia.
España
En España la EAA se transpone mediante la Ley 11/2023, no mediante el RD 193/2023. Las autoridades de vigilancia las designan las comunidades autónomas, y la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), creada por el RD 143/2026, coordina y asesora a esas autoridades a nivel estatal. No es la AEPD quien vigila la accesibilidad. Las sanciones siguen la escala del RDL 1/2013 y, en las infracciones muy graves, pueden alcanzar 1.000.000 €
Países Bajos
Países Bajos es de los más activos. La ACM vigila el comercio electrónico, junto a la AFM (finanzas), la RDI (productos), el CvdM (medios) y la ILT (transporte). Obliga a informar de las no conformidades de forma continua desde octubre de 2025 y, al auditar los grandes sitios, más del 60 % suspendió. Las multas pueden ligarse a la facturación y no se paralizan al recurrir.
Suecia
Suecia apuesta por la transparencia. La PTS supervisa los servicios digitales y realiza escaneos automáticos de forma sistemática. A comienzos de 2026 sumaba 124 reclamaciones, la mayoría sobre comercio electrónico y varias sobre cajeros. La multa máxima llega a 10 millones de coronas suecas, en torno a 900.000 €.
Alemania y Finlandia
Alemania aplica la BFSG. Su artículo 37 fija multas de hasta 100.000 € para las infracciones graves y hasta 10.000 € para las leves, a través de las autoridades de vigilancia de los Länder. Además, los competidores pueden actuar por competencia desleal. Finlandia sigue el modelo nórdico proactivo, con Traficom y Tukes y auditorías sistemáticas anunciadas.
Francia
Francia transpuso la EAA con la Loi 2023-171 (ley DDADUE), la Ordonnance 2023-859 y el Décret 2023-931, y la Arcom aplica el régimen RGAA: hasta 50.000 € por servicio no conforme y hasta 25.000 € por las obligaciones declarativas, como la declaración de accesibilidad. . La vigilancia se reparte por sectores (DGCCRF, ACPR, ARCEP) y las sanciones son acumulables por canal (web, app y terminal) y renovables cada seis meses.
Italia
Italia transpone la EAA con el Decreto Legislativo 82/2022, que amplía la Legge Stanca (Ley 4/2004). La autoridad es la AgID, que concede un plazo de subsanación tras su requerimiento y dispone desde marzo de 2026 de una plataforma para denunciar sitios no conformes. Las multas van de 5.000 a 40.000 € por infracción, y el tope del 5 % de la facturación solo se aplica a las grandes empresas privadas con más de 500 millones de euros de facturación media, sujetas al régimen de la Legge Stanca.
Irlanda
Irlanda es el único país de la UE con penas de cárcel por incumplir la EAA: hasta 60.000 € y, en los casos más graves y deliberados, penas de hasta 18 meses de prisión. Vigilan la CCPC (productos) y reguladores sectoriales como ComReg, Coimisiún na Meán o el Banco Central (servicios). El usuario debe reclamar primero al proveedor antes de escalar la queja.
Otros países europeos
Los tres siguientes ilustran la diversidad europea. En Bélgica, seis leyes reparten la EAA y el IBPT puede imponer hasta 200.000 €. Austria permite sancionar sin acudir a los tribunales, con foco en banca y seguros, y da solo 14 días para responder a una reclamación, aunque el recurso paraliza la sanción. Portugal mantiene un régimen más contenido y basado en las denuncias, con posibilidad de retirar del mercado el servicio no conforme.
Además, el mapa no acaba ahí. Hungría figura entre los regímenes más duros, con multas de hasta el 5 % de la facturación neta anual. Luxemburgo, a través de su oficina de vigilancia (OSAPS), prevé sanciones penales de hasta 500.000 €, y hasta 1.000.000 € en caso de reincidencia. Polonia, que transpuso la EAA con su ley de abril de 2024, aplica sanciones administrativas más moderadas pero ha anunciado una vigilancia a gran escala para 2026. En casi todos los casos, la autoridad puede además exigir la subsanación y retirar del mercado el servicio no conforme.
Más allá de la multa: los costes que no aparecen en el BOE
La multa es solo la parte visible. Para una empresa, el coste real de no ser accesible está en frentes que no figuran en ninguna resolución. Según el Barómetro de Accesibilidad Web, solo el 2 % de las webs del sector privado en España cumplían plenamente la EAA: el riesgo está muy extendido y quien se adelanta gana ventaja.
Reputación, licitaciones públicas y pérdida de mercado
- Reputación: las resoluciones sancionadoras son públicas y el daño de marca supera a la multa.
- Contratación pública: una empresa sancionada puede quedar excluida de licitaciones y de ayudas como el Kit Digital.
- Mercado: 4,38 millones de personas con discapacidad en España (INE, EDAD 2020), más su entorno, quedan fuera si tu web no es accesible.
- Efecto transfronterizo: una denuncia en un país es visible para reguladores y asociaciones de los demás.
Cómo evitar las multas: convierte el riesgo en ventaja con Tech4access
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